Andrea Valdés, una reclusa de 30 años condenada por homicidio agravado, denuncia haber sido víctima de abuso sexual por parte de dos guardianes del INPEC en la cárcel El Pedregal de Medellín. El caso, que ha generado indignación, ha revelado presuntas irregularidades que comprometen gravemente los derechos humanos de Valdés.
Tras la violación, Valdés quedó embarazada y se encuentra a punto de dar a luz. Su abogado, Felipe Álzate, denuncia un intento de suministrarle sustancias abortivas sin su consentimiento. «Ha existido una tendencia a ocultar lo sucedido», afirma Álzate.
La Fiscalía investiga a los dos funcionarios involucrados, pero hasta el momento no hay decisiones judiciales. Valdés fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, lo que según su abogado, sería una estrategia para silenciar la denuncia. Además, se le ha negado el beneficio de prisión domiciliaria para mujeres gestantes (artículo 314 del Código de Procedimiento Penal) y el acceso al pabellón de mujeres embarazadas.
El abogado teme que el bebé sea entregado al ICBF tras el nacimiento, algo que Valdés rechaza. Álzate cuestiona la custodia de cárceles de mujeres por guardianes hombres, una situación de alto riesgo de abuso según organismos internacionales como la CIDH. «Lo más preocupante es que fue el mismo Estado quien le vulneró los derechos, y ahora es el mismo Estado el que le quiere quitar a su hijo», concluye el abogado.