EL NIÑO QUE PAGÓ POR LOS PECADOS DE SUS PADRES: EL SILENCIO CÓMPLICE DE UNA FAMILIA LIGADA AL NARCOTRÁFICO.

EL NIÑO QUE PAGÓ POR LOS PECADOS DE SUS PADRES: EL SILENCIO CÓMPLICE DE UNA FAMILIA LIGADA AL NARCOTRÁFICO.

Detrás del secuestro del niño Lyan Hortúa en Jamundí se esconde una historia de traición, crimen organizado y una millonaria deuda con el capo Diego Rastrojo. La verdad, escalofriante, compromete a su propia familia.

El 3 de mayo de 2025, el niño Lyan José Hortúa Bonilla fue secuestrado en Jamundí, Valle del Cauca. Lo que parecía un nuevo caso de extorsión en una región tomada por el crimen, resultó ser un ajuste de cuentas entre narcos. Según información confirmada por fuentes de alto nivel, la orden de secuestro vino del capo Diego Rastrojo, por una deuda de más de 37 mil millones de pesos con la madre de Lyan, Angie Bonilla, y su padrastro.

Durante semanas, Colombia estuvo pendiente de la suerte de Lyan. Lo que no sabían los medios ni la ciudadanía era que el niño estaba en el centro de una guerra fría entre capos históricos del narcotráfico. Las autoridades lo sabían, pero no intervinieron.

Imágenes de los secuestradores de un niño de 11 años en Jamundí, Valle. | Foto: Tomado de video.

Según testimonios obtenidos por SEMANA y confirmados por la Policía, el secuestro fue ejecutado por la disidencia Jaime Martínez, pero no con fines extorsivos comunes. Fue una orden de Diego Rastrojo, uno de los narcos más temidos del país. El objetivo era capturar a Jorsuar Suárez o Angie Bonilla, pero terminó siendo Lyan la moneda de cambio.

La razón: Angie Bonilla habría sido testaferra del capo y de su expareja alias Mascota, padre biológico del niño, asesinado en 2013. Tras la muerte de Mascota y la extradición de Rastrojo, los bienes millonarios quedaron, presuntamente, bajo custodia de Bonilla. Años después, cuando los hombres de Rastrojo regresaron al Valle, la plata ya no estaba. Fue entonces cuando se desató el operativo criminal.

Los narcos, frustrados, mandaron a secuestrar. El niño fue retenido por más de 15 días, amarrado, vigilado, mientras la familia negociaba con los captores y recogía dinero en efectivo para pagar parte de la deuda.

La suma pagada —según fuentes oficiales— rondó los 4.000 millones de pesos, en lo que sería solo un primer abono. El dinero se entregó en Jamundí y fue verificado billete por billete antes de liberar al menor.

Mientras tanto, desde la cárcel, figuras como Pipe Tuluá, Alacrán y Guacamayo intentaron mediar para proteger la vida del niño. Las autoridades, al tanto del trasfondo narco, se hicieron a un lado.

Lo más inquietante de este caso no solo es el silencio de las autoridades, sino la forma en que la familia de Lyan desvió la atención pública.

Liberan a Lyan José, menor de once años que había sido secuestrado en Jamundí, Valle | Foto: Aymer andres alvarez

Desde el primer momento, el padrastro y otros familiares posicionaron una narrativa en medios nacionales centrada en la “inoperancia del Estado” y en el supuesto abandono por parte del gobierno. “Nos tocó solos”, dijeron. “Tuvimos que negociar porque no había otra opción”, insistieron.

Pero omitieron lo más importante: que el secuestro fue la consecuencia directa de una millonaria deuda con una de las estructuras criminales más peligrosas del país. Una deuda que, según los informes en poder de la Policía y organismos internacionales, habría surgido por el manejo de dineros ilegales, de propiedades ocultas y de relaciones profundas con el narco.

La estrategia mediática de la familia logró que durante más de dos semanas el país entero se volcara en solidaridad, sin conocer la verdad.

Y cuando finalmente se supo que la deuda era real, que el pago era una obligación y no una extorsión común, quedó claro que se trató también de una operación para limpiar el nombre y ganar tiempo.

La victimización sirvió para encubrir responsabilidades. Las declaraciones públicas fueron selectivas. Se ocultó que hubo negociaciones directas con emisarios de la disidencia Jaime Martínez. Se evitó mencionar los bienes desaparecidos. Y se trató de mostrar como mártires a personas que, todo indica, tienen vínculos estructurales con el crimen organizado.

Lo grave no es solo la manipulación de la opinión pública. Es que la institucionalidad lo permitió. Que no se ejecutó ni una sola acción de rescate, ni se advirtió a la ciudadanía del poder real que aún tienen capos como Diego Rastrojo. El secuestro de Lyan fue una cortina de humo tejida con mentiras a medias, encubrimientos voluntarios y complicidades históricas.

FUENTE: ESPECTADOR DEL SUR Facebook